Familias de alumnos lanzan una demanda colectiva contra el "cártel" de los libros de texto

Editoriales sancionadas por la CNMC

Los grupos sancionados por la CNMC por pactar estrategias comerciales son Santillana, Anaya, SM, Edelvives, Oxford University Press, MacMillan, McGraw Hill, Pearson y Algar Libros, que a su vez están integrados por un total de 33 editoriales menores, englobadas en la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), a la que Jené acusa de actuar como "un cártel".

"Que no salga gratis a estas editoriales haber incumplido la legalidad", según Jené quien ha animado a las familias a adherirse a la demanda a través de la web fapaginerdelosrios.org.

Las familias deberán presentar un "recibo, resguardo o justificante del pago de los libros" durante esos seis años, o en años sueltos, y abonar para cubrir los gastos judiciales una cuota de 23 euros por familia, que se devolverá si la sentencia es estimatoria.

La federación de APAs madrileñas anima a "todas las administraciones -estatal, autonómica y municipal- a adherirse a la demanda" ya que también han sido perjudicadas al haber concedido becas y ayudas para libros comprados con sobreprecio y "podrían haberse ahorrado este dinero".

"No hace falta ser socio de la FAPA para adherirse" y pueden hacerlo los padres de alumnos de centros públicos, concertados y privados, explicó Jené que además cifra "el encarecimiento anual de los precios entre un 3,8 y un 4,2 por ciento", mientras que en Francia los libros de texto suben menos del 1 por ciento anual.

Ha indicado, además, que en general los libros no escolares cuestan de media "un 47% menos que los libros de texto". "Es un problema de justicia social que ha afectado a muchas familias que incluso han tenido que solicitar préstamos" para comprar los libros de texto al inicio de curso, añade la FAPA.

Primera demanda colectiva por daños

El abogado Ignacio Valderas, que llevará la demanda, ha considerado escasa la sanción de la CNMC, de 33,8 millones, a estas editoriales, cuando el beneficio obtenido por ellas gracias a estas prácticas superó los 1.200 millones en seis años, por lo que "les sale muy barato incumplir la ley".

Se trata de la "primera demanda colectiva de daños por falta de competencia" a la que podrá acudir la sociedad civil, según Valderas que ha recordado las sentencias favorables contra grupos sancionados por la CNMC, acusados de conformar cárteles en otros sectores "como el de los camiones, cable eléctrico, productos lácteos", entre otros.

Valderas ha apuntado que la resolución de la CNMC no habla de "cártel" aunque entiende que la actuación de las editoriales, con prácticas como el reparto de los centros educativos para ahorrarse la acción comercial y el intercambio de información, se enmarca en la definición de cártel que hace la CNMC, y ha destacado la experiencia de su despacho en procesos similares relativos a los camiones y el azúcar.

Asimismo, tanto Valderas como el abogado Carlos Martínez han recalcado que aunque la resolución no hable del sobrecoste de los libros de texto en general, el hecho de que se haya producido este tipo de "concertación" implica una práctica "claramente colusoria" en el sector.

Por otro lado, han restado importancia al hecho de que las editoriales puedan recurrir su sanción en la Audiencia Nacional, ya que aseguran que el recurso tendría que ver con posibles irregularidades administrativas en la imposición de la multa.